Plusvalía municipal en caso de pérdidas (Junio 2017)

About Marina Calero

Consultora Fiscal y Jurídico en Joan Cerdá & Associats. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid.

PLUSVALÍA MUNICIPAL: ¿Tengo obligación de pagar si he tenido una pérdida?

El pasado 17 de mayo abrían todos los noticieros indicando que el Tribunal Constitucional (TC), en Sentencia de 11 de mayo de 2017 “había anulado este impuesto en los casos en que había pérdidas”.

El objetivo de esta nota es sintetizar el pronunciamiento del TC, examinar las consecuencias prácticas del mismo y resolver, por lo tanto, las dudas de aquellos que se preguntan: “¿me afecta la sentencia?”; “¿puedo reclamar lo que pagué?”; “¿cómo debo proceder?”.

A tal fin, comenzaremos por una breve explicación que nos sitúe en cómo hemos llegado hasta aquí:

En teoría y llanamente podríamos decir que, la plusvalía municipal grava la revalorización de los inmuebles cuando son vendidos, hecho éste que tenía lugar siempre hasta que llegó la crisis y con ello la deflación que provocó que aquellas personas que habían sufrido una pérdida patrimonial (es decir que compraron por más de por lo que después venderían) tuvieran que tributar igualmente.

Lo primero que quisiera es aclarar que el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, o lo que es lo mismo, la comúnmente denominada “plusvalía municipal” grava -tal y como indica su nombre- el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y que se pone de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos, tal y como señala el artículo 104 del Texto Refundidos de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

Esto significa: 1) que el incremento de valor lo debe experimentar el suelo, no la construcción y 2) que dicho incremento puede ponerse de manifiesto con una transmisión distinta a la compraventa, véase permuta, donación…

Lo segundo que me gustaría abordar es la cuestión relativa a la determinación de la base imponible ya que su examen nos permitirá comprender por qué cuando tenía lugar una pérdida patrimonial, existía igualmente la obligación legal de pagar este impuesto:

De conformidad con el artículo 107 TRLRHL y hasta la referida sentencia, la base imponible del impuesto se determinaba aplicando al valor catastral del suelo en el momento de la transmisión, unos coeficientes en función del periodo de tenencia del inmueble. Así pues, la tributación se producía en función del valor catastral del suelo -que en muchos casos se había incrementado considerablemente, en especial en aquellos municipios en los que había sido revisado en los años del boom inmobiliario (2006-2009) en los que el precio de las viviendas se encontraba absolutamente inflado- y, por el contrario, no se tenía en cuenta la ganancia o pérdida real que tenía el contribuyente al transmitir el bien sino, como hemos indicado, se atendía al aumento de valor que tenía el suelo aplicando la regla matemática establecida en la normativa.

Esta cuestión llegó al TC y éste dio la razón al contribuyente en diversas sentencias que por tratarse de supuestos en los que se juzgaba normativa foral (Guipúzcoa y Álava) hacían que el ámbito de aplicación se circunscribiera a dichos territorios.

Sin embargo en mayo de 2017 el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en un supuesto de derecho común (Jerez de la Frontera) y, lo ha hecho en términos idénticos a la sentencia foral de Guipúzcoa, pero haciéndola extensible a todo el estado. Así, pese a que la abogada del estado argumentaba que “el Auto de planteamiento confunde el “valor real” con el “valor catastral” cuando el tributo no pretende gravar incrementos reales, pues el legislador ha optado por calcular el incremento de valor derivado de la transmisión de un bien inmueble de naturaleza urbana de forma objetiva, sin atender a las circunstancias del caso concreto, lo que permite que incluso quien transmite un inmueble por un precio inferior al de adquisición, habiendo obtenido una pérdida económica, tenga un incremento de valor sometido a tributación”, el Tribunal declara anticonstitucionales y nulos los apartados 1 y 2 del artículo 107 TRLRHL (reglas de determinación de la base imponible) “únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica” “al establecer el legislador la ficción de que ha tenido lugar un incremento de valor susceptible de gravamen al momento de toda transmisión de un terreno por el solo hecho de haberlo mantenido el titular en su patrimonio durante un intervalo temporal dado, soslayando aquellos supuestos en los que no se haya producido ese incremento” así, “lejos de someter a tributación una capacidad económica susceptible de gravamen, les estaría haciendo tributar por una riqueza inexistente, en abierta contradicción con el principio de capacidad económica del citado art. 31.1 CE”.

Asimismo, el TC declara la inconstitucionalidad y nulidad del apartado 4 del artículo 110 TRLRHL, relativo a la autoliquidación del impuesto en el que se establece respecto de las mismas que “(…) el ayuntamiento correspondiente sólo podrá comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas (…)” por considerar que dicho precepto -que se haya en íntima relación con los anteriores- “no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene (…). Por consiguiente, debe declararse inconstitucional y nulo el art. 110.4 LHL, al impedir a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica”.

Para finalizar, y habida cuenta del vacío legal en materia de reglas de valoración (determinación de la base imponible del impuesto y la autoliquidación) que dicha declaración de nulidad provoca, la sentencia contiene un mandato al legislador para que modifique la normativa de manera tal que permita “arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana”.

Así las cosas, en respuesta a la pregunta de “¿me afecta la sentencia?”:

Habría que responder que sí siempre que el suelo –urbano- de tu propiedad no haya experimentado un incremento de valor real, es decir, siempre que vayas a sufrir o hayas sufrido una pérdida patrimonial de conformidad con mismo.

La siguiente pregunta “¿puedo reclamar lo que pagué?”

Sí, si conforme a lo anterior has sufrido una pérdida patrimonial y no ha prescrito, es decir, si presentaste liquidación y pagaste dentro de los últimos 4 años, tendrás derecho a hacerlo.

¿Cómo debo proceder?

Para quienes presentaron autoliquidación y pagaron dentro de los últimos 4 años, deberán presentar un escrito de rectificación de autoliquidación solicitando la devolución de ingresos indebidos donde deberá constar la cuantía de la misma y en la que se deberán alegar los argumentos de la sentencia del TC, además de adjuntar las escrituras que documentan las operaciones de adquisición y transmisión. Se aconseja encarecidamente aportar una tasación o valoración efectuada por técnico de conformidad con lo dispuesto en la Orden ECO 805/2003 de 27 de marzo (tinsa/sociedad de tasación/arquitasa/euroval/ibertasa,…) que acredite el menor valor real que justifica la pérdida patrimonial. A este respecto señalar: 1) que para quienes no disponen de tasación en el momento de la adquisición, es posible solicitar una tasación retroactiva en la que el tasador determinará el valor del suelo en el momento de la adquisición y 2) el Ayuntamiento estará obligado a la devolución del importe pagado indebidamente más los intereses de demora desde el día en que se pagó hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución (2013 y 2014: 5%; 2015: 4’375% y 2016 y 2017: 3’75%).

Para quienes todavía están en plazo de autoliquidar, la opción más segura para evitar sanciones, recargos y hasta embargos es el denominado “solve et repete”, o lo que es lo mismo, pagar y después reclamar de la manera que se indica en el párrafo anterior. Advertir que mientras que el legislador modifica la regla de valoración, la aproximación más aceptable de cálculo del impuesto parece ser la fórmula recogida en la STJ de Castilla La Mancha nº 633/2012 sala de lo contencioso, 31 de julio de 2012 que es la que sigue:

Formula plusvalía municipal

Para quienes no practicaron autoliquidación, sino que la liquidación la practicó el ayuntamiento u organismo competente en quien hubiere delegado aquel (por ejemplo ATIB), una vez transcurrido un mes desde la liquidación y pago sin haberla impugnado, el procedimiento se complica y, en tales casos, se recomienda el estudio de la viabilidad así como la llevanza del caso por un profesional en la materia.

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