El Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad del Impuesto Municipal sobre la Plusvalía

En el día de ayer, el Tribunal Constitucional dio a conocer mediante una nota informativa una de las noticias más relevantes de los últimos años en cuanto a la inconstitucionalidad de normativa tributaria se refiere.

En tal sentido, el máximo intérprete de la Constitución ha informado de que en una reciente sentencia (la cual será publicada en los próximos días) ha declarado inconstitucional y nulo el método de cálculo de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido comúnmente como el Impuesto Municipal sobre la Plusvalía), dado que dicho método determinaba que siempre hubiese existido aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de tenencia, independientemente de la existencia y de la cuantía real de dicho incremento.

Dicho pronunciamiento supondría un paso definitivo por parte del Tribunal Constitucional, en cuanto a la constitucionalidad del método de determinación de la base imponible del impuesto se refiere, al cual parece habérsele agotado la paciencia con el legislador y la “requerida” modificación de la normativa reguladora del tributo, máxime teniendo en cuenta los dos previos avisos que le lanzó con motivo de las sentencias del año 2017 (en la que se consideró contrario a Derecho la exigencia del impuesto en el caso de no producirse plusvalía) y del año 2019 (en la que se resolvió la inexigencia del impuesto en el caso de que, a pesar de existir plusvalía por la transmisión del inmueble, ésta era inferior a la cuota resultante del impuesto).

Y es que, de confirmarse lo indicado en la nota publicada por el Tribunal Constitucional, ello impediría a los Ayuntamientos la exigencia del impuesto respecto de las transmisiones de inmuebles que se produzcan, en tanto la normativa no sea modificada y adaptada al marco de la constitucionalidad, lo cual es de prever que podría acontecer en las próximas fechas, habida cuenta del comunicado emitido, en tanto se conoció la noticia, por el Ministerio de Hacienda en el cual informó de que se está ultimando la modificación de la normativa reguladora del citado impuesto.

Habrá que esperar a la publicación de la sentencia para poder analizar con determinación su alcance y consecuencias (entre otros aspectos, su aplicabilidad a situaciones  impositivas acontecidas con anterioridad a la misma), si bien, con todo ello, este promete ser un capítulo importante dentro de una contienda con claros visos de terminación, sobre la cual le mantendremos debidamente informado.

 

Ultimas novedades : El Tribunal Constitucional publica la sentencia en su web.

En fecha 3 de noviembre de 2021, el Tribunal Constitucional ha publicado en su web el texto de la sentencia, quedando pendiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Al respecto, la motivación de la sentencia no dista en gran medida respecto a lo que previamente indicábamos, declarándose la inconstitucionalidad y la nulidad del método de cálculo de la base imponible del impuesto, dado que dicho método determinaba que siempre hubiese existido aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de tenencia, independientemente de la existencia y de la cuantía real de dicho incremento.

Si bien, resulta especialmente relevante y de gran trascendencia prestar atención al alcance y los efectos de la misma.

Por una parte, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los artículos que regulaban la determinación de la base imponible del impuesto, supone un vacío normativo que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo y, por tanto, su exigibilidad, en tanto el legislador no modifique y adapte su regulación a las exigencias constitucionales.

Por otra parte, matiza el Tribunal Constitucional que no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en dicha sentencia las siguientes:

a.- Aquellas obligaciones tributarias que, a fecha de dictarse la sentencia, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme.

b.- Las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse la sentencia.

c.- Las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada antes de la fecha de la sentencia.

Si bien, ello no obsta a que no se puedan impugnar liquidaciones y autoliquidaciones del impuesto por motivos distintos a la inconstitucionalidad establecida en la sentencia, tal y como sería el supuesto de que no se hubiese producido una plusvalía en el valor del suelo del inmueble transmitido o el caso de que, a pesar de existir plusvalía en el valor del suelo con motivo de la transmisión del inmueble, ésta sea inferior a la cuota resultante del impuesto.

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